CARACAS, Venezuela — Un ex boina verde estadounidense que en 2020 organizó una fallida redada transfronteriza contra desertores del ejército venezolano para derrocar al presidente Nicolás Maduro fue arrestado en Nueva York por cargos federales de contrabando de armas.
Una acusación federal revelada esta semana en Tampa, Florida, acusa a Jordan Goudreau y a un socio venezolano, Yacsy Alvarez, de violar las leyes de control de armas de Estados Unidos cuando supuestamente ensamblaron y enviaron a Colombia armas estilo AR, municiones, silenciadores, gafas de visión nocturna y otros equipos de defensa que requieren una licencia de exportación estadounidense.
Goudreau, de 48 años, también fue acusado de conspiración, contrabando de bienes desde Estados Unidos y posesión ilegal de una ametralladora, entre 14 cargos. Goudreau compareció ante un tribunal federal tras su arresto el martes en Manhattan, pero un día después no estaba claro si sería puesto en libertad a la espera del juicio. Estaba detenido en un centro de detención federal en Brooklyn.
Goudreau, tres veces galardonado con la Estrella de Bronce por su valentía en Irak y Afganistán, saltó a la fama en 2020 cuando se atribuyó la responsabilidad de una incursión anfibia de un grupo heterogéneo de soldados que se habían entrenado en campamentos clandestinos en la vecina Colombia. Dijo que él y otros estaban actuando para proteger la democracia de Venezuela después de que la reelección de Maduro en 2018 fuera boicoteada por la oposición y condenada como antidemocrática por Estados Unidos y docenas de otros países.
Dos días antes de la incursión, The Associated Press publicó una investigación que detallaba cómo Goudreau había estado tratando durante meses de recaudar fondos para la descabellada idea del gobierno de Trump, la oposición de Venezuela y estadounidenses ricos que buscaban invertir en la industria petrolera de Venezuela si Maduro era derrocado.
Aunque el entonces líder opositor Juan Guaidó se mostró inicialmente entusiasmado con la idea del golpe y firmó un acuerdo con Goudreau para explorar esa opción, llegó poco apoyo financiero y las casas rurales a lo largo de la costa caribeña de Colombia que albergaban a los aspirantes a libertadores sufrieron una falta de alimentos, armas y otros suministros.
A pesar de los reveses, los golpistas siguieron adelante de una manera cómica aunque trágica en lo que fue ampliamente ridiculizado como la “Bahía de Cochinillos”, en referencia al fiasco cubano de 1961. El grupo fue fácilmente desmantelado por las fuerzas de seguridad de Venezuela, que ya se habían infiltrado en él. Dos de los ex colegas de Goudreau en los Boinas Verdes pasaron años en las cárceles de Venezuela hasta que el año pasado se produjo un intercambio de prisioneros con otros estadounidenses encarcelados por un aliado de Maduro detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.
El arresto se produce en un momento en que Maduro enfrenta nuevamente presiones por sus medidas cada vez más autoritarias. El domingo, las autoridades lo declararon ganador de las elecciones presidenciales del país, pero un creciente coro de estados occidentales, incluido Estados Unidos, se niegan a reconocer los resultados y exigen que Venezuela publique los recuentos de los distritos electorales individuales. Mientras tanto, la oposición ha presentado registros del 80% de las mesas de votación que muestran que su candidato, Edmundo González, derrotó a Maduro por un margen de dos a uno.
Los fiscales en su acusación de 22 páginas documentaron el desafortunado complot, citando mensajes de texto entre los acusados sobre su esfuerzo por comprar equipo militar y exportarlo a Colombia, y rastreando una red de transferencias de dinero, vuelos fletados y compras a gran escala.
En noviembre de 2019, Goudreau envió un mensaje a un distribuidor de equipos que decía: “Aquí está la lista, hermano”. Incluía rifles AR-15, dispositivos de visión nocturna y cascos balísticos, dijeron los fiscales.
“Definitivamente necesitamos nuestras armas”, escribió Goudreau en un mensaje de texto, según la acusación. Los fiscales dijeron que también identificó una unidad de almacenamiento en Phoenix, Arizona, donde un asociado anónimo —que según supo AP era otro ex Boina Verde— recogería la munición.
En otro mensaje, dijeron los fiscales, Álvarez le preguntó a Goudreau si “llevaría cosas” con ella en un próximo vuelo de Estados Unidos a Colombia.
El equipo fue enviado a Miami. Por otra parte, Goudreau compró varios componentes para ensamblar unas 60 armas de fuego tipo AR. Los fiscales dijeron que también gastó 90.000 dólares en un yate usado, llamado Silverpoint, según informes de AP, que salió de aguas estadounidenses en febrero de 2020 con Goudreau, un socio y varias latas de munición, placas de protección corporal y cargadores para rifles AR-15.
Un mes después, la policía colombiana encontró en un puesto de control cerca de la ciudad caribeña de Santa Marta el equipo almacenado en la parte trasera de un automóvil alquilado por Álvarez. A partir de ahí, la trama —o al menos la participación de Goudreau en ella— se desenmascaró rápidamente.
Álvarez era socio de un empresario venezolano tan cercano al gobierno del fallecido Hugo Chávez que pasó casi cuatro años en una prisión estadounidense por intentar encubrir pagos clandestinos en efectivo a sus aliados.
Franklin Durán también era el propietario del avión Cessna Citation II, registrado en Venezuela, que en ocasiones se utilizó para transportar a Álvarez y Goudreau, según una investigación de AP. Durante más de dos décadas, Durán ha tenido numerosos vínculos comerciales con el gobierno socialista de Venezuela, lo que lo convierte en una elección extraña para ayudar a una banda de posibles mercenarios a derrocar a Maduro. Fue arrestado en 2020 por Maduro por su participación en el complot.
La acusación estadounidense no menciona a Durán, pero sí dice que para promover la conspiración, Goudreau, Álvarez y otras personas no identificadas viajaron al menos tres veces en un avión privado entre el aeropuerto Opa-Locka de Miami y la ciudad colombiana de Barranquilla, donde Álvarez y Goudreau registraron una filial colombiana de su empresa Silvercorp, con sede en Melbourne, Florida.
A principios de este año, el principal socio de Goudreau en el intento de golpe, Cliver Alcalá, un general retirado de tres estrellas del ejército venezolano, fue sentenciado en un tribunal federal de Manhattan a más de dos décadas de prisión por proporcionar armas a rebeldes financiados por la droga en un caso no relacionado.
Goudreau asistió a la audiencia judicial y escribió una carta en la que elogiaba a Alcalá como un patriota amante de la libertad que merecía que se le redujera la sentencia. Pero se negó entonces y en otras ocasiones a hablar con la AP sobre su papel en el intento de golpe de Estado. Su abogado, Gustavo J. García-Montes, dijo que su cliente es inocente, pero declinó hacer más comentarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a hacer comentarios. Un abogado de Álvarez, Christopher A. Kerr, dijo a la AP que Álvarez “está buscando asilo en Estados Unidos y ha estado viviendo aquí pacíficamente con otros miembros de su familia, varios de los cuales son ciudadanos estadounidenses”.
“Ella se declarará inocente de estos cargos esta tarde y, a día de hoy, según nuestro sistema, no son más que acusaciones”.
Si son declarados culpables, Goudreau y Álvarez enfrentan entre 5 y 20 años de prisión por cada una de las violaciones mencionadas en la acusación.
Mustian informó desde Miami. Tucker informó desde Washington.
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