Varios cientos de personas protestaron este lunes en Quito y Guayaquil. (suroeste) por la desaparición de cuatro adolescentes tras un operativo militar, en un caso que causa indignación en Ecuador y es investigado por una unidad especializada en uso ilegítimo de la fuerza.
“Los queremos con vida, por favor”, dijo a la prensa Luis Arroyo, padre de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, que desaparecieron el 8 de diciembre junto a sus amigos Saúl Arboleda y Steven Medina. Los jóvenes tienen entre 11 y 15 años.
Los manifestantes en ambas ciudades llevaban carteles en los que se leía “¿Dónde están nuestros niños?” y “Los niños negros no son criminales”. En Guayaquil se concentraron unas 300 personas, mientras que en Quito hubo unas 200.
Protestas por menores desaparecidos en Ecuador. Foto:AFP
Los muchachos de entre 11 y 15 años habían salido a jugar fútbol cuando desaparecieron tras un operativo militar en el puerto de Guayaquil, uno de los lugares más violentos de Ecuador.un país azotado por el narcotráfico y las bandas criminales. El gobierno atribuye la desaparición a grupos delincuenciales.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo este lunes en una entrevista radial que luego del operativo “los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares, estaban libres y en contacto con sus padres”. El funcionario además confirmó que en esa intervención militar participaron 16 uniformados.
De acuerdo Arroyo, su familia recibió la llamada de un hombre que los contactó con uno de los jóvenes. Este le relató que militares los golpearon, se los llevaron y luego los abandonaron.
El mismo hombre que contactó a Arroyo le dijo después que “la mafia se los llevó”. Desde entonces no hay noticias sobre ellos.
“Ahora son estos niños, mañana seremos nosotros. Es un gobierno que no está dando respuestas y está justificando las acciones que ha cometido y las estupideces que han cometido sus funcionarios de las fuerzas armadas”, dijo a la AFP Guillermo Leone, que acudió a La protesta en Guayaquil.
En ambas manifestaciones el clamor fue el mismo: “Vivos los llevaron, vivos los queremos”.
Policía de Ecuador. Foto:EFE/Carlos Durán Araújo
En Quito, Génesis Padilla, una activista de 25 años, expresó a la AFP su “dolor” por el caso. “No podemos salir tranquilos porque estamos con el pendiente de que alguien nos falte (…) Vamos a seguir luchando hasta que aparezcan y dejen en paz a nuestros niños negros”, comentó indignada.
Este lunes la fiscalía allanó la base militar de Taura, cercana a Guayaquil ya la que estaban asignados los militares involucrados.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, consideró que todavía no se puede hablar de una desaparición forzada en el caso de los cuatro adolescentes. “Me parece que todavía no es el momento, tiene que haber análisis técnico, tiene que haber una determinación por parte de la fiscalía”, dijo al ser consultado en una entrevista.
Familias denuncian intimidaciones de la Policía
Las familias de los niños cuatro desaparecidos el pasado 8 de diciembre en el sur de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militardenunciaron este lunes “acciones intimidatorias” de la Policía y el eventual intento del Ejecutivo por interferir en la investigación.
Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que asesora a las familias de los menores, denunció que una patrulla de la Policía se acercó la mañana de este lunes a una de las viviendas de los niños. y tomé fotografías sin autorización.
“No solo del exterior de la casa sino también fotos del vehículo en el que (los familiares) se trasladan al trabajo”, señaló Navarrete al exigir que haya un “distanciamiento total” de agentes o soldados de las familias de los menores y de sus viviendas.
“Son acciones intimidatorias que no caben”, reclamó el activista al cuestionar también las afirmaciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que advirtió de que este caso no se trataría de una desaparición forzada con implicación de soldados, sino de un aparente secuestro de los menores por parte de grupos criminales.
Para Navarrete, hay evidencias “de una intencionalidad perjudicial a las garantías al debido proceso, porque son injerencias indebidas por parte del Ejecutivo hacia el proceso de investigación en el ámbito judicial”.
Denunció, asimismo, que al inicio de la investigación la fiscal del caso había dicho a las familias de las víctimas “que se mantienen en silencio” sobre lo ocurrido, lo que en principio demoró que se difundiera la denuncia sobre la desaparición de los menores.
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto:AFP
Según versión de familiares, la desaparición ocurrió la noche del 8 de diciembre, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
Hombres vestidos de militares detuvieron a los menores cuando, después de la práctica deportiva, caminaban cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza. Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los familiares aseguran que lograron comunicarse con uno de los menores que denunciaron haber sufrido golpes, pero que tras alertar a la Policía sobre la conversación, no volvieron a saber nada de ellos.
Videos de cámaras de seguridad han mostrado en redes sociales cuando varios militares llegan hasta el sitio en el que estaban los menores, los suben a una camioneta y se los llevan.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo en una entrevista radial que los adolescentes fueron aprehendidos por la patrulla militar porque “presuntamente” estaban “robando a una mujer”, pero que los oficiales después los dejaron en libertad.
Esa versión fue rechazada por los familiares que la han tildado de intento de justificación: “Cualquier persona que comete un delito en este país tiene que ser procesado bajo las leyes respectivas, ser entregado a las autoridades competentes y, como son menores de edad, tuvieron que haber avisado directamente a los padres”, señaló Fernando Bastias, abogado de la CDH.
“Lo que pasó el 8 de diciembre no es un hecho aislado en Ecuador. Las graves violaciones a derechos humanos que estamos conociendo son el resultado de una política ejecutiva de mano dura, de la militarización sin control y encubridora por parte del Gobierno”, añadió el letrado.
Agregó que la organización a la que representa conoce varios casos similares que se han producido en el marco de la declaratoria de “conflicto armado interno” que hizo el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para luchar contra las bandas criminales.
“El 2024 está lleno de graves violaciones a derechos humanos”, enfatizó.
Las familias de los menores esperan que la Justicia resuelva este martes sobre un recurso legal de hábeas corpus (cuerpo presente) interpuesto por la defensa de las víctimas para que el caso se investigue como una desaparición forzada.