El gremio de los transportadores de carga por carretera (Colfecar) reunirá hasta el viernes en Cartagena a más de 2.200 expertos para debatir temas como la subida del galón del Acpm que quedó tras el paro camionero, los nuevos impuestos que vendrían o la inseguridad y los bloqueos en las vías que llevan meses afectando a este sector. En entrevista con EL TIEMPO, Nidia Hernández, su presidenta ejecutiva, cuenta cuáles son sus mayores preocupaciones y qué le piden al Gobierno.
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¿Qué les pareció el aumento de 1,904 pesos que decretó el Gobierno en el Acpm y que provocó el paro camionero?
Lo vimos totalmente inconveniente por la situación económica actual que atraviesan los sectores que demandan el 70 por ciento del servicio de transporte de carga. Estos son la industria, el comercio, la construcción y la minería. En medio de esta situación Era muy difícil soportar un incremento tan abrupto y que nos anunciaran que para el 2025 iban a subir otros 4.000 pesos más. En total, el gobierno esperaba un incremento de 6,000 pesos, lo que representaba un aumento del 60 por ciento en el componente del combustible que pesa el 40 por ciento de nuestra estructura operativa. Realmente era un golpe demasiado fuerte.
¿Y cómo vieron la subida final del diésel en 800 pesos?
El acuerdo logrado con las bases de transportadores de subir el galón 400 pesos ahora y otros 400 pesos en diciembre nos parece un incremento razonable. Además, nosotros también formaremos parte de las mesas que se realizarán en adelante con el Gobierno para lograr las transformaciones estructurales del sector.
La nueva reforma tributaria contempla un aumento en el impuesto al carbono, ¿cómo les afectaría?
Con la reforma pasaría de cerca de 26.000 pesos por tonelada de CO2 emitida a cerca de 75.000 pesos. Eso se traduce en que el precio del galón por el que actualmente se paga 210 subiría a 736 pesos. Además, se debe tener en cuenta que en el galón se tiene un 10 por ciento de biodiésel por lo que quedaría en 667 pesos. Esta situación es preocupante porque se sumaría a los 800 pesos acordados. En total, serían más de 1.200. Nadie se imaginó que el gobierno propusiera después de este incremento vía impuestos. El balón queda en manos del Congreso.
¿Piensa que es necesario cambiar la fórmula que fija el precio del combustible?
Sí, en las 13 mesas que tuvimos con el Ministerio de Hacienda previas al paro camionero buscamos lograr un cambio en la fórmula que fija el precio del Acpm. Esto porque Colombia es autosuficiente en la producción del diésel que atiende la demanda nacional dado que somos productores de hidrocarburos y generalmente contamos con dos refinerías.
¿Cuál es el punto que más le preocupa y qué espera que se solucione en las mesas con el Gobierno?
Uno de los puntos más importantes es buscar incluir a segmentos como los vehículos livianos, las volquetas o los carrotanques dentro del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-TAC). Adicional a ello, lograr que se cumpla porque desgraciadamente hay una gran informalidad y solo el 50 por ciento de las empresas vienen reportando ante el Registro Nacional de Carga, que es la herramienta con la que la Superintendencia de Transporte vigila su cumplimiento.
Una de las propuestas es que la reforma laboral incluye un capítulo especial para los transportadores, ¿cómo lo ve?
Hay que tener en cuenta cómo está conformada la estructura de la propiedad del parque automotor. El 97 por ciento de los propietarios tienen entre uno y tres vehículos. ¿Qué sucede? Estos pueden cargar con diferentes empresas de transporte. Entonces para nosotros todo el compromiso laboral tiene que estar entre el dueño del vehículo y quién sea la persona que contrate a ese conductor. Lo que ellos están pretendiendo es que de alguna manera las empresas se vuelven solidarias con aspectos laborales de un conductor que ya está rindiendo subordinación a un pequeño propietario y ahí consideramos que se están confundiendo.
¿Y cómo les afectan los cambios de la laboral como los mayores recargos nocturnos y dominicales?
Nos afecta porque la logística son operaciones 24/7, por lo tanto, muchas se desarrollan en la noche y ya nos viene golpeando la reducción de la jornada laboral al ser un sobrecosto. Además, hace poco empezó a operar el acuerdo 10 del Sena donde incluyeron en la actualización de oficios a los constructores de carga, lo que nos amplía la base para la contratación de aprendices. Como el Sena no tiene contemplado dentro de sus programas de formación a estos conductores, de alguna manera nos obligan a asumirlos como personal administrativo.
¿Cómo sigue la inseguridad en las vías?
Le preguntamos a más de 100 presidentes de empresas de transporte que eran sus dolores de cabeza y nos respondieron que la inseguridad, el incumplimiento del Sice-TAC, la preocupación por el aumento del Acpm (previo al paro), los bloqueos y el estado de la infraestructura. Además, encontramos que donde hay mayor percepción de inseguridad es en el Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Norte de Santander y Antioquia.
¿Y cómo les están afectando los bloqueos?
Entre enero y agosto de 472 bloqueos en las vías del país, lo que para nosotros representa unas pérdidas de 2,5 billones de pesos. Si tenemos en cuenta desde enero del 2023 a agosto del 2024, en los últimos 20 meses, vamos en 1.214 bloqueos que han generado pérdidas por 6,1 billones de pesos. Los puntos más críticos se encuentran en Bolívar, Atlántico, La Guajira, Cauca y Antioquia.
¿Y la situación no ha mejorado?
No hay mejoría. Para todos nosotros los bloqueos son como una pesadilla porque realmente han afectado mucho la productividad de los vehículos.