Debido a la tumba crisis financiera que atraviesa la empresa Afinia, el Grupo EPM ha solicitado al Gobierno Nacional que asuma la operación del servicio de energía eléctrica en el departamento del Cesar y en 11 municipios de Magdalena.
La empresa aduce que, de no tomar las y las decisiones necesarias de manera oportuna, se vería comprometida la sostenibilidad de las acciones de Afinia, y por ende la prestación del servicio en estos territorios. Por esta razón, se reitera la urgente necesidad de aunar esfuerzos y el compromiso de muchos otros actores e instituciones.
La compañía ha diseñado planes y soluciones financieras como pago fácil con cero por ciento de interés, deudas diferidas, para que los clientes-usuarios cumplan con sus compromisos y así sean corresponsables en la optimización de los indicadores y sean paté de una cultura por la legalidad. del servicio para la sostenibilidad de la empresa con el fin de garantizar el progreso y bienestar en la región
De acuerdo a la información proporcionada por Afinia, en el caso del Cesar la entidad atiende a más de 295 mil usuarios de energía.
Sin embargo, en este momento, registre uno de los indicadores más bajos de recaudo. Solo un 64 por ciento del pago y adicional a ello hay altas pérdidas de energía.
“Un promedio del 38 por ciento, en gran parte asociado a fraudes y uso ineficiente del servicio. Situación que según Afinia, genera impactos en la factura y en la comunidad que hace un uso correcto del suministro”, resaltó Afinia en un comunicado.
A la fecha, las entidades públicas de la región, entre ellas, colegios, hospitales, cárceles, administraciones u oficinas municipales y acueductos, acumulan una deuda de $52 mil 780 millones.
Las entidades que están en mora son: Empaso ESP Empresa de Servicios Públicos de El Paso ($10.675.500.456), Empobosconia ($9.600.237.919), Hospital Rosario Pumarejo de López ($7.790.654.462).
Un promedio del 38 por ciento, en gran parte asociado a fraudes y uso ineficiente del servicio. Situación que según Afinia, genera impactos en la factura y en la comunidad que hace un uso correcto del suministro
Entre los municipios que acumulan esta cartera morosa se encuentran, Chiriguaná ($5.082.316.818), La Jagua de Ibirico ($4.558.938.244), Tamalameque ($3.627.188.445), Bosconia ($3.183.886.224), Agustín Codazzi ($2.273.395.428) y Becerril ($2.049.200.649).
“La compañía ha diseñado planes y soluciones financieras como pago fácil con cero por ciento de interés, deudas diferidas, para que los clientes-usuarios cumplan con sus compromisos y así sean corresponsables en la optimización de los indicadores y sean paté de una cultura por la legalidad del servicio para la sostenibilidad de la empresa con el fin de garantizar el progreso y bienestar en la región”, resaltó le entidad.
Afinia, filial del Grupo EPM Se destacó que en cuatro años ha realizado altas inversiones hasta por 2,9 billones para mejorar la infraestructura en su zona de operación y en consecuencia la calidad de vida de las personas, presentándose mejoras significativas.
Respecto a las tarifas, la empresa destaco que estas están reguladas a nivel nacional, y Afinia no tiene la facultad de establecerlas de manera independiente.
Sin embargo, ha presentado siete propuestas al Gobierno Nacional, agentes de la cadena del sector y otros actores relevantes del país, para encontrar soluciones que beneficien a todos los usuarios de la región Caribe.
Entre estas alternativas, la entidad propone un ajuste de los indexadores de contratos a largo plazo con los generadores para las empresas comercializadoras de la Costa Caribe que atienden al mayor número de usuarios vulnerables.
En igual sentido, plantea la socialización de las pérdidas adicionales de la demanda nacional, distribuyendo el valor de las pérdidas reconocidas en la Costa Caribe entre todos los usuarios a nivel nacional.
Por otro lado, fórmula la recuperación de saldos de opción tarifaria: que el Gobierno Nacional asuma el saldo acumulado de la deuda de los usuarios con Afinia debido a la aplicación de la opción tarifaria.
Sugiere, además, aumento del rango del consumo subsidiado en la Costa Caribe, pasar de 173 kWh/mes a 208 kWh/mes, con el objetivo de crear un rango de consumo de subsistencia para los usuarios ubicados por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar y eliminar el subsidio del estrato 3.
Recomienda, la mejora de los mecanismos de contratación, promoción de subastas para la entrada de nueva generación con contratos a largo plazo, y la reserva estratégica de generación con plantas térmicas de altos costos variables para situaciones críticas.
Finalmente, aborda el control del poder de mercado en la bolsa de energía y control del costo de las térmicas.
Ludys Ovalle Jácome
Especial para EL TIEMPO
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