La caída parcial de la reforma tributaria del 2022, por decisión de la Corte Constitucional; la no aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2025, por parte del Congreso; la caída también en el Legislativo de la llamada Ley de Financiamiento, y las elevadas obligaciones que el Gobierno actual heredó de la administración anterior, como las relacionadas con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) y el pago de la deuda externa. , obligaron al presidente Gustavo Petro aplazar la ejecución de algunos de sus compromisos, por lo menos, hasta tanto los ingresos de la Nación mejoren.
Como se recuerda, al Gobierno Central le hacen falta, al menos, 12 billones de pesos para cubrir el gasto del año que está por comenzarrazón por la cual el fin de semana, junto con su gabinete ministerial, se dio a la tarea de buscar salidas al faltante de caja del 2025, lo que obligará a revisar y definir los sectores y programas en los que se aplazarían ciertas ejecuciones de presupuesto, entre los que están incluso, algunos subsidios a las poblaciones más vulnerables, a la espera de que la situación, el año entrante, pueda mejorar, de lo contrario, sí se tendría que decretar un recorte al presupuesto.
Fuentes oficiales le dijeron a EL TIEMPO que el Gobierno tiene plazo hasta mediados de enero para presentar la propuesta de aplazamiento de ejecución de gasto, por lo que la tarea que le quedó a cada una de los ministerios y demás entes públicos es revisar en detalle los rubros que se pueden aplazar en su ejecución sin afectar las prioridades de la administración ni las inversiones urgentes.
“Prosperidad Social contaba con un presupuesto de 10, 7 billones de pesos para el 2025 y ahora solo tendrá 5,3 billones”, comentó Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), quien agregó que bajo ese panorama las dos prioridades para el Gobierno son los ancianos y los niños. Esto fue lo que nos contó el funcionario:
Con un presupuesto a la mitad, ¿cuáles son las ayudas que se sacrifican?
Pues con la misma línea de transferencias tengo que priorizar, y debo ser honesto con la gente, hay que hacer recortes. Las dos prioridades del Gobierno son los ancianos y los niños. En el programa ‘Colombia Adulta’ que hoy es de 1,7 millones de personas que reciben una transferencia, la ampliaremos a 2,3 millones, mientras el bono, que hoy es de 1,7 millones de pesos pasa a 3,1 millones , es decir, casi que se duplica la base y se triplica el bono, lo cual tiene unos costos significativos.
Pero, ¿de dónde saldrán todos esos recursos?
Van a salir de la reforma pensional porque recuerde que hoy las personas con la reforma pensional cotizarán hasta 2,3 salarios en Colpensiones. Entonces, esos recursos adicionales liberan presupuesto (de la Nación) para pagar el programa del Pilar Solidario, que es el aumento a los viejos del bono pensional.
El programa ‘Colombia adulta’ ampliará su base hasta los 2,3 millones de personas. Foto:Jhon Jairo Bonilla / EL TIEMPO
Los otros programas que se mantendrán ¿cuáles son?
El otro programa que no vamos a sacrificar por orden del Presidente es el de los niños, vamos a seguirles pagando 500.000 pesos a las mujeres cabeza de hogar que tienen hijos menores de 6 años. El tercero es la evolución del punto del IVA aprobado en la reforma tributaria de (presidente Iván) Duque en 2019. Esos tres programas nos cuestan, el de las madres cabeza de familia 2,1 billones de pesos, el del adulto mayor, sin Pilar solidario porque eso seguramente lo asumirá Colpensiones y el Ministerio de Trabajo, entre 1,5 y 2,1 billones, y la devolución del IVA 1,3 billones, ahí están los 5 billones que tengo y tenemos que sacrificar programas como ‘Colombia sin hambre’ y los jóvenes universitarios.
¿Qué va a pasar con esos subsidios?
El Presidente está muy preocupado de que esta situación pueda disparar la deserción universitaria, porque muchos de esos jóvenes viven de su transporte y su comida dentro de las aulas, por lo que mirando de dónde más podemos recortar en funcionamiento. Ya tenemos la mitad de lo que nos cuestan esas ayudas, con lo que podemos garantizarles a esos estudiantes, por lo menos, hasta junio del 2025. El programa de ‘Colombia sin hambre’ sí se acaba.
Y qué seguirá hacia adelante…
Bueno, las transferencias se tienen que transformar, independientemente de los recortes que les afecten. Lo dije en marzo o abril, que había que hacer una transición de la transferencia como tal a los proyectos productivos, es decir, la gente tiene que empezar a trabajar para producir su propio ingreso, porque como está diseñado el sistema de transferencia es muy perverso y eso lo tendremos que hacer en un año y no en tres como se tenía pensado en un comienzo.
¿Cómo operará ese nuevo esquema?
Hoy nosotros le pagamos al Sisbén A y las personas por no perder ese beneficio no invierten en la mejora de su hogar ni su bienestar, no consiguen empleo, y cuando los encuestadores van a donde esas familias pues se encuentran que no hay avances en calidad de vida y eso es perverso. Entonces, lo que le estamos diciendo es que, como están en edad de trabajar, se tienen que asociar y nosotros le vamos a ayudar con financiación para impulsar sus iniciativas. Prosperidad Social acaba de suscribir un convenio con el Fondo Nacional de Garantías (FNG), por 50.000 millones de pesos, recursos con los que los bancos nos garantizan el 90 por ciento de un préstamo para esos emprendimientos asociativos. La idea es que el año entrante podamos colocar 400.000 millones de pesos para todos los que levanten la mano de estos programas para cultivar la tierra, tener una lancha para pescar, les vamos a subsidiar la tasa de interés para ello.
El sistema de subsidios es muy perverso cuando aún hay personas que están en capacidad de trabajar. Foto:Yomaira Grandet. EL TIEMPO
Las personas recibirán los recursos del préstamo…
No. La idea es que el FNG, como su nombre lo indica, sirva de garantía ante los bancos para que estos otorguen esos préstamos. Lo que las asociaciones van a recibir es el préstamo en insumos para la actividad que vayan a desarrollar. Pero eso, además, viene acompañado de educación financiera, capacitaciones en el emprendimiento seleccionado y seguimiento para ver cómo se están invirtiendo los recursos entregados bajo el esquema de insumos.
Un futuro desaparecerán, entonces, esos subsidios…
Tenemos una campaña muy grande y es la transformación de Prosperidad Social. La entidad tenía dos subdirecciones equivalentes a dos viceministerios, una era la de ‘eliminación de la pobreza’, que pasa a llamarse ‘Subdirección de inclusión productiva’, porque el plan es que la gente comienza a trabajar.
A corto plazo el programa de los jóvenes también debería desaparecer y dar paso al de ‘bienestar universitario’, que consiste en que en las universidades públicas haya comedores comunitarios para que les vendan almuerzo a precios muy cómodos a los estudiantes, que haya jardines infantiles para que las mujeres que tengan hijos puedan ir a estudiar, es lo que queire el Presidente, por ejemplo.
¿En el caso de Prosperidad Social, habrá recorte de burocracia?
Sí, eso es presupuesto de funcionamiento que necesariamente tiene que ser tocado, porque si yo ya no tengo 10,7 billones para manejar, tampoco necesito tanta gente, esa es la parte dolorosa. Lo que estamos haciendo es formalizando empleo para que no haya tanto contratista pero sí en personal de planta. Debo anunciar que tengo que recortar casi 400 contratos este año de los 800 que tenemos, para evitar que a junio no haya plata para pagarles.
¿Qué tipo de contratos serán cancelados?
La primera cuchilla que mandé pasar el departamento de personal es para determinar quiénes tienen más de un contrato. Entonces, todos los que tengan más de un contrato, pues lamentablemente se les quita uno, para no dejar a la persona sin ingresos, estamos apenas en ese análisis que estará listo a inicios del 2025. Por ejemplo, en la oficina jurídica tenemos 100 abogados , cuando la verdad esta puede funcionar con 40, luego hay exceso de burocracia que, incluso, dependencia venía desde mucho antes. Sin duda nos tenemos que ajustar.