Los cargos de corrupción contra el ex ministro de Finanzas de Colombia, Ricardo Bonilla, y ex jefe del Departamento Administrativo Presidencial (DAPRE), Carlos Ramón González, avanzó esta semana.
Los dos ex funcionarios y aliados cercanos del presidente Gustavo Petro habían sido implicados previamente en un escándalo relacionado con la supuesta errónea de fondos de la Agencia de Riesgos de Desastres de Colombia (USGRD).
La oficina del Fiscal General anunció planes para acusar formalmente a Bonilla de corrupción el martes 3 de junio, mientras que un tribunal ordenó el arresto de González el viernes 6 de junio.
El escándalo de la USGRD es el caso más grande de supuesta corrupción del gobierno desde que Petro asumió el cargo en agosto de 2022.
La agencia compró camiones cisterna defectuosos para COP $ 46.8 mil millones (USD $ 10.5 millones) a pesar de que los petroleros se valoraron a una fracción de este precio.
Los altos funcionarios del gobierno fueron acusados de presionar a la agencia para que otorgue los contratos a empresas específicas que inflaran el valor de los petroleros. Luego supuestamente usaron el exceso de dinero para sobornar a los dos ex presidentes del Congreso para que apoyen las políticas de Petro.
El escándalo llevó a González, quien había dejado el Dapre en febrero de 2024, para renunciar a su cargo como Director Nacional de Inteligencia en julio de 2024 después de que los investigadores solicitaron que se le acusara de corrupción.
González fue acusado formalmente el 21 de mayo, y el Fiscal General hoy solicitó que lo enviaran a la cárcel. Pero su ubicación es desconocida, y los fiscales dicen que el ex jefe de gabinete puede estar en Nicaragua.
Su abogado, Iván Cancino, dijo que su cliente viajó por razones personales, pero se espera que los fiscales colombianos emitan una orden de arresto internacional para González.
El caso contra Bonilla, quien estuvo implicado en el escándalo ya en julio, también avanzó esta semana. Ha estado bajo investigación desde que fue Ministro de Finanzas, renunciando en diciembre de 2024 a pedido de Petro.
“Espero su renuncia, no porque creo que es culpable, sino porque quieren destrozarlo por ser leales al programa del gobierno”, escribió el presidente en ese momento.
El lunes, los fiscales anunciaron que avanzarían con cargos formales de vendedor de influencia e interés indebido en los contratos.
La ex ministra de Finanzas ha sido acusada por María Alejandra Benavides, su ex asesor y enlace del Congreso, de conocer el supuesto soborno de los ex presidentes del Congreso.
Los fiscales ahora están esperando que un juez apruebe el acuerdo de inmunidad bajo el cual Benavides testificó antes de continuar con cargos contra Bonilla.
El presidente Petro continúa negando la participación de su administración en el escándalo, acusando a los funcionarios de la desbord para la cuerda en cifras de alto nivel del gobierno para distraer de su propia culpa.
Dobló su apoyo a Bonilla esta semana.
“¡Bonilla es inocente! Esta es una enorme injusticia por parte del fiscal general”, dijo Petro el 3 de junio durante una reunión del gabinete.