A menos de 45 días del regreso de Donald Trump a la Casa Blancala sensación entre la comunidad de inmigrantes, tanto legales como ilegales, en Estados Unidos es cercana al pánico.
Desde indocumentados, hasta residentes legales bajo algún tipo de protección -como los beneficiarios de Estados de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés) y otros programas temporales- e incluso portadores de tarjetas verdes o tarjeta de residentes a lo largo y ancho del país inundaban con llamadas angustiosas a abogados y grupos de activistas con preguntas sobre su situación y los posibles efectos de las políticas que ha prometido el presidente republicano tan pronto tome las riendas de la Oficina Oval el próximo 20 de enero.
Aunque pocos conocen con exactitud el alcance que tendrá la nueva estrategia antiinmigrante de Trump, tanto su retórica de campaña como su período anterior en la presidencia (2016-2020), sumado a los nombramientos que ya ha hecho en los cargos claves para su ejecución, se ven como el preludio de una ofensiva que afectará la vida de millones de personas.
El objetivo número uno del magnate es la deportación masiva de los 11 millones de indocumentados que se estima existe en el país. Un plan para el que, según ha dicho, usará al ejércitola Guardia Nacional, las autoridades federales e inmensos centros de detención donde irán a parar los “ilegales” mientras se procesa su expulsión de Estados Unidos.
Migrantes se reúnen afuera de un refugio en El Paso, Texas. Foto:AFP.
Una diferencia de la administración de Joe Bidenque por un tema de recursos se enfocó en la deportación de aquellas personas con un récord criminal (indocumentados que han cometido delitos dentro o fuera de EE. UU.), la red que ha prometido el republicano abarcaría a todo el que no esté viviendo legalmente en el país.
Hay angustia, miedo, confusión, desinformación y pánico. Nuestro objetivo principal es decirles a todos los que hacen parte de este tipo de programas que probablemente van a ser cancelados, que renueven cuanto antes dichos permisos.
julia poderesDirectora ejecutiva de la ONG Leyes y Justicia Migratoria.
¿Por qué Trump también expulsaría a migrantes legales?
Además, también están en la mira otros grupos. Entre ellos todos los que viven en Estados Unidos gracias a un TPS y que actualmente cobija a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ucrania, Afganistán y muchos otros países.
No obstante, Trump prometió eliminar todos los TPSlo cual los dejaría en el limbo y ad portas de una deportación.
Un caso similar es el de los beneficiarios del programa DACA (personas que llegaron ilegalmente a EE. UU. siendo niños, pero que llevan prácticamente toda su vida viviendo en el país) y cuyo estatus legal, que se renueva cada dos años, podría ser eliminado.
Migrantes en la frontera México-Estados Unidos. Foto:Joh Moore/AFP.
Ni siquiera los portadores de green cards, o tarjeta de residentes, estarían seguros. Si bien de todos es el status migratorio más sólido, bajo las leyes actuales podría ser anulado por una serie de razones. Entre ellas, haber cometido un crimen, no pagar impuestos o abandonar la residencia cuando la persona estuvo por fuera del país por mucho tiempo sin poder justificar dicha ausencia.
Trump, además, podría firmar órdenes ejecutivas que amplíen esas categorías o las hagan más estrictas. Por ejemplo, túna infracción de tránsito o cometer DUI (manejar intoxicado) podría ser causal de anulación de la tarjeta verde.
La gente que tiene derecho a algún tipo de alivio migratorio, como el asilo o Estatus de Protección Temporal, debe renovar o aplicar ya.
Cristina SuaveCentro para los Derechos de los Inmigrantes en Míchigan.
“Estamos viendo de todo. Hay angustia, miedo, confusión, desinformación y pánico. Nuestro objetivo principal es decirles a todos los que hacen parte de este tipo de programas que probablemente van a ser cancelados, que renueven cuanto antes dichos permisos”, afirma Julie Powers, directora ejecutiva de Leyes y Justicia Migratoria, una ONG que defiende este tipo de causas en Estados Unidos.
Lo mismo piensa Christine Suave del Centro para los Derechos de los Inmigrantes en Míchigan: “La gente elegible para recibir permisos de trabajo debe aplicar ya. La gente que tiene derecho a algún tipo de alivio migratorio, como el asilo o Estatus de Protección Temporal, deben renovar o aplicar ya”, advierte Suave.
Manifestación de los beneficiarios del programa DACA. Foto:Estoy en stock.
Además, dicen los activistas, es importante que estas personas al igual que portadores de tarjeta verde que tengan dudas. consulten con sus abogados para entender sus opciones y así se pongan al día con todas sus obligaciones con miras a evitar tener problemas con las autoridades.
Temor por separación de familias ante la llegada de Trump a Estados Unidos
Aún así, el problema es muy complejo. Muchas personas hacen parte de grupos familiares donde el estatus migratorio es mixto. Es decir, padres indocumentados cuyos hijos son estadounidenses, o parejas donde una persona es residente legal y la otra no.
Al respecto, la incertidumbre sobre si las nuevas políticas provocarán la separación de estas familias o la deportación voluntaria del grupo es alta.
“Muchos me preguntan si el Estado les quitaría a sus hijos estadounidenses. La respuesta es no, pero sí podrían obligarlos a abandonar el país si alguno de los padres no tiene estatus legal, pues no podrían permanecer juntos en Estados Unidos”, dice Powers.
Migrantes trasladados a México desde EE.UU. Foto:Cortesia @CBP
De hecho, según un estudio reciente de FWD.us, al menos 24 millones de residentes de Estados Unidos hacen parte de un núcleo familiar donde una persona estaría en riesgo de deportación a partir de enero próximo. De acuerdo con el estudio, una gran mayoría de ellos son latinos.
“Uno 11,3 millones de ciudadanos estadounidenses, y otros 2,4 millones de residentes legales permanentes y titulares de visas de no inmigrante (temporales), viven en hogares de “estatus mixto” junto con aproximadamente 10,1 millones de personas indocumentadas”, dice el estudio que usa datos oficiales.
FWD.us agrega que un hogar de estatus mixto tiene al menos una persona indocumentada (incluidas aquellas con protecciones como el TPS, DACA y otras protecciones de inmigración) “que vive con al menos una persona que es ciudadano estadounidense, titular de una tarjeta verde u otro inmigrante temporal legal”. Es decir que, en términos porcentuales, Uno de cada tres latinos que viven legalmente en Estados Unidos podría enfrentar un caso de separación familiar a partir del 2025.
Muchos me preguntan si el Estado les quitaría a sus hijos estadounidenses. La respuesta es no, pero sí podrían obligarlos a abandonar el país si alguno de los padres no tiene estatus legal.
julia poderesDirectora ejecutiva de la ONG Leyes y Justicia Migratoria.
De acuerdo con este mismo estudio, el 53 por ciento de todos los que se verían afectados viven en cuatro estados: Florida, Nueva York, California y Texas.
¿Qué tan viable que es Trump pueda aplicar su plan antiinmigrante?
Los expertos en el tema recuerdan que, como sucedió hace 8 años durante la primera administración del presidente Trump, muchas de sus decisiones fueron exigidas ante las cortes y no pudieron prosperar.
Uno de cada tres latinos que viven legalmente en Estados Unidos podría enfrentar un caso de separación familiar a partir del 2025
Así mismo, subrayan como las amenazas de deportaciones masivas suelen generar mucho ruido, pero no tantos resultados.
Si se mira en retrospectiva, durante el primer periodo de barack obama en la Casa Blanca, el demócrata deportó a casi 3 millones de personas. Por otro lado, en el primer mandato de Triunfoel republicano solo pudo expulsar a 1,5 milloneslo que es equivalente en números a los que produjo la administración de Joe Biden.
Migrantes en camino a la ciudad fronteriza de Del Río, en Texas (EE. UU.). Foto:Jordan Vonderhaar. AFP.
Sin embargo, los expertos advierten que en esta ocasión Donald Trump regresa a la Casa Blanca con un sistema judicial que le es más favorable y con un Congreso controlado por su partido que, se estima, le aprobará los fondos para ejecutar su agenda y nuevas leyes para ampliar el cerco migratorio.
“No sabemos aún la escala de lo que se viene. pero se ve miedoso. Estamos hablando de la Guardia Nacional, centros de detención en el desierto, redadas en puestos de trabajo, agentes federales entrando en las casas de inmigrantes para llevarse a un miembro. El impacto se sentirá tanto en las comunidades locales como a nivel nacional y creo que lo mejor que puede hacer la gente es estar preparada”, sostiene Michael Kagan, de la Universidad de Nevada, quien es director del programa migratorio en ese centro docente.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington