La Procuraduría General de la Nación, mediante su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, interpuso una acción popular en respuesta a posibles afectaciones ambientales derivadas de la ejecución del Proyecto Urbano Ciudad Mallorquín, localizado en los municipios de Puerto Colombia y Barranquilla.
Esta iniciativa busca proteger los derechos colectivos al ambiente sano y garantizar el manejo adecuado de los recursos naturales en la región.
La acción popular fue presentada tras una visita técnica preventiva realizada al proyecto por parte de la Procuraduría, en colaboración con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).
Durante esta inspección se identifican múltiples problemas ambientales que podrían comprometer el ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín, un área RAMSAR de gran importancia para la biodiversidad local.
Impactos ambientales detectados
Uno de los hallazgos más preocupantes fue el manejo inadecuado de las aguas residuales provenientes de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Mallorquín.
Estas aguas, conducidas a través de un canal construido originalmente para el manejo de aguas lluvias, terminan vertiéndose directamente en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquíngenerando acumulaciones recurrentes que afectan la calidad ambiental del área.
Además, se registró la disposición inadecuada de materiales de construcción en zonas aledañas, un problema que, según las investigaciones preliminares, podría estar vinculado a la tala de vegetación existente, incluidos manglares.
Estas prácticas han sido objeto de denuncias ciudadanas sobre una posible explotación ilegal de mangle, un recurso clave para el ecosistema costero.
Entidades involucradas y medidas solicitadas
La acción popular instaurada por el ente de control incluye a varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, la CRA, el Departamento del Atlántico, los municipios de Puerto Colombia y Barranquilla, el área metropolitana de Barranquilla. y la empresaTriple A SA ESP.
Entre las principales pretensiones de la demanda destacan:
- Reforma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV): Se busca adecuar este plan para garantizar el manejo sostenible de las aguas residuales en Puerto Colombia y su área de influencia.
- Creación de un Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial (POT): Este plan deberá enfocarse en proteger las áreas ecológicamente sensibles como la Ciénaga de Mallorquín y promover un desarrollo urbano ordenado.
- Financiación de obras de saneamiento: Se requiere la implementación de infraestructuras para el tratamiento adecuado de las aguas residuales, con el objetivo de mitigar los impactos negativos en el ecosistema.
Importancia de la Ciénaga de Mallorquín
La Ciénaga de Mallorquín, designada como sitio RAMSAR, es un ecosistema de gran relevancia por su diversidad biológica y su función como barrera natural frente a la erosión costera y las inundaciones.
Los manglares presentes en esta área no solo ofrecen refugio y alimento a numerosas especies, sino que también actúan como sumideros de carbono, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.
Sin embargo, la ejecución de proyectos urbanos como Ciudad Mallorquín, sin una debida planificación y cumplimiento de normativas ambientales, representa una amenaza para este valioso ecosistema.
Ciudad Mallorquín es el imponente megaproyecto de viviendas que a buen ritmo se desarrolla en una de las áreas de mayor expansión urbanística del municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, pero que en estos momentos genera posiciones encontradas.
El complejo habitacional se desarrolla sobre la carrera 53 entre y la ciénaga de Mallorquín, terrenos de explotación de la empresa Argos, que luego de su explotación pasó a ser un bosque.
Ahora están por lo menos diez constructoras, entre las que están Bolívar, Marval, Amarilo, Colpatria y Amarilo, entre otras. Generará más de 2.000 empleos y duplicará el recaudo predial de Puerto Colombia.
Este proyecto, además, implica la circulación en la economía de más de 165.000 millones de pesos que invertirá de manera directa Grupo Argos y más de 2,2 billones de pesos por parte de los constructores que participan con proyectos de vivienda.
Aquí se levanta unos 16 mil apartamentos en un área de 78 hectáreas, y permitirá soluciones de vivienda a no menos de 60 mil personas, que desde las imponentes torres tendrán vista a la ciénaga de Mallorquín, el mar Caribe y el río Magdalena y con lo que según Argos: “permitirá reducir el déficit habitacional”.
Las posibles afectaciones detectadas por la Procuraduría subrayan la necesidad de medidas urgentes para garantizarr la sostenibilidad ambiental de la región.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, y el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario de Barranquilla, Carlos Alberto Arrieta Martínez, liderarán las acciones legales y de seguimiento necesarias para atender estas problemáticas.
La acción popular presentada es un llamado a la responsabilidad de las entidades implicadas y busca fomentar una gestión ambiental sostenible y participativa.
Le puede interesar:
Leonardo Herrera Delgans -periodista de EL TIEMPO – escríbeme a leoher@eltiempo.com y en X:@leoher70