Los ajustes que se proponen en el proyecto de ley de financiamiento, o mejor conocido como reforma tributaria, que prepara el Gobierno llevarían al impuesto al carbono de un valor de 17,447 pesos por tonelada a 142,889, lo que representaría un incremento de 719 por ciento, una situación que generaría un fuerte impacto.
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Así lo señalaron diferentes expertos reunidos en el foro “Instrumentos Económicos de Carbono e Industrias Intensivas en Energía”, organizado por la Universidad EAN en Bogotá.
“Apoyamos la implementación de medidas para la mitigación de emisiones, pero estas deben ser razonables y graduales, de modo que se mantenga la competitividad, se logre una descarbonización efectiva y se evite impactar la producción local”, señaló Alejandro Ramírez, presidente de la Junta Directiva de la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto (Procemco) y presidente de Cemex Colombia y Perú.
Además de ello, aseguraron que esta normativa podría tener el riesgo de que se produzca en Colombia una “fuga de carbono”, fenómeno que ocurre cuando las empresas trasladan su producción a países con políticas climáticas menos gravosas, o cuando los productos nacionales son sustituidos por importaciones más intensivas en carbono.
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“Esto genera un efecto dominó, con múltiples consecuencias negativas, como pérdida de empleos, disminución de la competitividad industrial, menor aumento fiscal y debilitamiento de las políticas climáticas del país”, destacó Ramírez.
Aunque el impuesto al carbono se triplicaría con la ley de financiamiento, su destino para la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático se reduciría del 80 al 27 por ciento de lo recaudado.
