‘Si algo ha demostrado Latinoamérica es que sí es posible derrocar dictaduras’

Vigilancia de derechos humanos (HRW) publica hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo a lo largo del 2024. En entrevista exclusiva para EL TIEMPO y el Grupo de Diarios América (GDA), Juanita Goebertusdirector para las Américas de esta organización, ofrece un agudo balance sobre los principales hechos que marcaron el año pasado y sus pronósticos de lo que está por venir en un 2025, que se estrena con el ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca.

En 2023, HRW expresó gran preocupación por el deterioro de la democracia y los DD. S.S. en América Latina, y el recrudecimiento de la violencia. ¿Hubo mejoría en 2024?

Tristemente, la democracia en América Latina continuó deteriorándose. El 2024 estuvo marcado por el fraude electoral en Venezuela y la violencia poselectoral que dejó un saldo de 2.000 detenciones arbitrarias y 23 asesinatos de manifestantes y transeúntes. Nicaragua continuó con la práctica de privar de su nacionalidad a cientos de presos políticos, algo que no veíamos desde la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). Y Cuba privó de la libertad a cientos de presos políticos, aunque desde ayer han sido liberados algunos. El Salvador, Ecuador y Honduras permanecieron bajo estados de excepción prolongadas, con denuncias crecientes sobre abusos en el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas. Mientras tanto, el crimen organizado continuó extendiendo sus redes en la región, con importantes retrocesos en materia de seguridad en países como Perú, Colombia y Haití.

En lugar de ampliar las capacidades de judicialización efectiva, la región siguió avanzando hacia la restricción de la independencia judicial, particularmente con la reforma judicial de México, que destituirá a más de 1.600 jueces entre 2025 y 2027, o el uso político de la justicia. como en Guatemala bajo el Ministerio Público de Consuelo Porras. Y los ataques a la sociedad civil y el periodismo continuaron a lo largo y ancho de la región. Quisiera ser más optimista, pero la realidad es que el 2024 no fue un buen año para los derechos humanos en América Latina.

Uno de los temas centrales del año pasado fue el de la migración, en especial con destino a EE.UU. UU. En varios informes, HRW criticó a la administración Biden por políticas que, a su juicio, exacerbaron el problema.

Entre 2023 y 2024, 800.000 personas cruzaron el tapón del Darién, cuando más del 70 por ciento fueron venezolanos, seguidos de ecuatorianos y haitianos. Se trata de personas que venían huyendo de la represión política, el crimen organizado y las pandillas. Familias que, aunque conocen los inmensos riesgos de cruzar por esta peligrosa selva, sintieron que el riesgo de quedarse en sus países era aún peor. El gobierno de Biden negoció con México y con Guatemala la imposición de visados ​​a venezolanos y ecuatorianos, empujando a personas que podían viajar en avión a elegir la ruta del Darién, exponiéndolas a violencia sexual y asesinatos. Estas políticas no redujeron el número de migrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, solo sirvieron para empoderar al crimen organizado que controla las rutas migratorias irregulares.

¿Qué pronósticos hace para este año, a la luz de llegada de Trump a la Casa Blanca?

Lamentablemente, Trump ha anunciado políticas aún más lesivas de los derechos de los migrantes: deportaciones masivas y recorte de programas especiales de protección para migrantes provenientes de países como Haití, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Me temo que el resultado será el mismo: la migración no se va a reducir y, en cambio, los únicos beneficiarios del cierre de vías legales para migrar serán los criminales que seguirán cobrando por rutas especialmente peligrosas como el Darién.

¿Cuál cree que será el impacto de sus políticas tanto en EE.UU.? UU. como en el resto de la región?

Los líderes autoritarios de toda América Latina probablemente interpretarán la victoria de Trump como una fuerte señal de que pueden abusar del poder. Si continúa el patrón de su primer mandato y las promesas de campaña, las deportaciones masivas perjudicarán principalmente a los inmigrantes latinoamericanos, especialmente de Centroamérica y México. Los recortes a la asistencia exterior tendrán un impacto grave en las organizaciones humanitarias y en los periodistas que ponen a los Gobiernos de la región a rendir cuentas. La continua negación del rol de los seres humanos en la crisis climática dará más margen de maniobra a los actores que impulsan la deforestación en la Amazonía. Y la imposición de aranceles puede terminar por aumentar la pobreza y la desigualdad en la región. Podemos estar frente a un panorama de retrocesos mayúsculos.

En 2023 y 2024 se publicaron varios informes sobre el tapón del Darién y la situación de seguridad. ¿Cambio de tendencia?

Aunque el flujo de migrantes por el Darién se redujo, el 2024 se cerró como el segundo año de mayor paso de migrantes, con más de 300.000 personas. Sin embargo, es esperable que con el incremento de la represión en Venezuela los números vuelvan a subir. Ya hemos visto un incremento de más del 25% en el número de personas que cruzan de Venezuela hacia Brasil, y un aumento en las personas con necesidades de protección internacional llegando a Colombia.

¿Cómo evaluaría las acciones que han tomado gobiernos como los de Colombia y Panamá al respecto?

Colombia ha puesto en marcha uno de los programas más robustos de regularización de toda la región, logrando regularizar a más de 2,5 millones de migrantes venezolanos. Desafortunadamente, no ha existido una estrategia similar para la protección y atención de migrantes en la ruta hacia el Darién. Las autoridades colombianas no controlan su frontera, ni siquiera saben cuántas personas salen de su territorio hacia Panamá. Los pocos datos que existen los proveen las compañías de barcos, en muchos casos controladas por el ‘clan del Golfo’. Esto impide tener mecanismos para la prevención de la violencia sexual o la búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo. Panamá, por su parte, ha tenido una estrategia de “flujo controlado” centrada en trasladar a los migrantes lo antes posible hacia Costa Rica. Recientemente, además, ha venido avanzando en la aplicación de un acuerdo con EE.UU. UU. para la deportación de personas hacia sus países de origen, lo que podría violar el principio de no devolución establecido en el derecho internacional.

Con Maduro consolidando una dictadura en Venezuela, ¿qué puede hacer la comunidad internacional?

La comunidad internacional debe seguir usando todos sus canales diplomáticos para una búsqueda de transición hacia la democracia. Después del evidente fraude electoral y de que el régimen logró mantenerse en el poder por vía de la represión, el pesimismo ha vuelto a crecer. Pero, si algo ha demostrado América Latina a través de su historia es que sí es posible derrocar dictaduras. Creo que, con todo, luego del proceso electoral, Maduro queda más debilitado de lo que estaba. Hoy solo le queda la represión para mantenerse en el poder. Ahora hay que mantener una presión inteligente y buscar crear rupturas dentro de las Fuerzas Armadas. Ello exige crear un sistema de incentivos que combine la movilización pacífica, pero sostenida en las calles, la unión de la oposición, una presión coordinada de los Gobiernos latinoamericanos, europeos y de Estados Unidos, sanciones selectivas, trabajo con los aliados de Venezuela, incluido. el régimen de Cuba, que apoya los esfuerzos de contrainteligencia en el país y esfuerzos para apoyar la rendición de cuentas, incluyendo el trabajo a través de la jurisdicción universal y la investigación en curso en el CPI.

Existe la versión de que Trump dará prioridad a un acuerdo con Maduro para que reciba a los deportados a cambio del levantamiento de sanciones. ¿Qué opinas?

No es imposible. La campaña electoral de Trump estuvo centrada en la migración y la inflación. Pero, por otra parte, su gabinete está conformado por muchos políticos de Florida que priorizan regresar a una política de ‘máxima presión’ contra Maduro. Marco Rubio (nominado a secretario de Estado) es una persona que conoce ya quien le importa América Latina, que ha sido muy crítico de las violaciones a derechos humanos cometidas bajo el régimen de Maduro.

El gobierno del presidente Petro fue de los pocos que envió representante a la posesión de Maduro. ¿Cree que con eso legitima al régimen?

No necesariamente. México, Brasil y Colombia han coincidido en enviar solo a sus embajadores, lo que representa una clara degradación frente a otros eventos protocolarios. Y ninguno de los tres países ha reconocido los resultados electorales. Es perfectamente posible mantener relaciones consulares, comerciales y de seguridad a través de figuras como el encargado de negocios sin necesidad de legitimar a un régimen ilegítimo como el de Maduro. La realidad es que la política de ‘cerco diplomático’ que pretendía el colapso del régimen por vía de su aislamiento internacional tampoco condujo al colapso del régimen y sí dejó gravemente desprotegida a la población en la zona de frontera.

¿Qué saldo le hacen al segundo año de Petro y su ‘paz total’?

Desafortunadamente, la política de ‘paz total’ del presidente Petro no ha rendido frutos positivos a la fecha. Ha estado marcado por una falta de claridad en la caracterización de los actores con los que se negocia, una falta de método para el diseño de los procesos y una falta absoluta de verificación de los distintos ceses al fuego. Como resultado de ello, Colombia cierra el 2024 con una ampliación de la presencia territorial de grupos como el ‘clan del Golfo’, el Eln, y las disidencias de las extintas Farc, y con un crecimiento del reclutamiento de menores, los confinamientos y los desplazamientos individuales. Aunque bajo el gobierno Petro no hemos conocido casos de violaciones a derechos humanos cometidas por la acción de la Fuerza Pública, lo que estamos viendo son graves violaciones por omisión en el deber de protección de la población colombiana.

SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DEL TIEMPO

WASHINGTON