Los grandes retos que le esperan a Diego Guevara, el nuevo ministro de Hacienda

La cartera de Hacienda cambió su ministro en un momento crítico para las finanzas públicas. El menor recaudo tributario obligó a Ricardo Bonilla, quien acaba de renunciar a petición del presidente Gustavo Petro, a anunciar un recorte de 28,4 billones de pesos en el Presupuesto de este 2024 para poder tener unas cuentas sostenibles.

Ahora, su reemplazo el actual viceministro general de Hacienda, Diego Guevara, tendrá que sacar adelante de aquí a que se acabe el año una ley de financiamiento, o mejor conocida como reforma tributaria, para financiar el de 2025.

“Guevara conoce todo el proceso que Hemos venido luchando para que no nos ahoguen los fondos de capital de la deuda pública interna o externa, contra las altas tasas de interés, para disminuir el déficit. que nos dejó el gobierno de Iván Duque”, dijo el Presidente de Uruguay cuando lo designó.

Guevara es un ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional, con un máster en Ciencias Económicas y doctorado de la misma institución en Economía, que llegó al gobierno de Petro desde el inicio, en agosto del 2022, cuando el ministro era José Antonio Ocampo y posteriormente con la llegada de Bonilla se mantuvo como viceministro.

En su experiencia laboral se ha desarrollado como profesor asociado e investigador en la Universidad Nacional, la Fundación Escuela para el Desarrollo, la Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana. Además, ha sido consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo y profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder), Alemania, y ha publicado en Múltiples revistas académicas internacionales.

Los primeros días de Guevara al frente de la cartera económica pintan muy movidos. La idea será convencer a la mayoría de los congresistas para que le aprueben una reforma que Pondría a pagar más impuestos en medio de las condiciones económicas actuales.. Sin embargo, ya hay varios de la oposición que han radicado ponencias negativas, como es el caso de Miguel Uribe, del Centro Democrático.

El Ministerio de Hacienda busca recaudar 12 billones de pesos que todavía son inciertos en el Presupuesto del 2025, que tiene un total de 523 billones de pesos.

De esa cifra, 5,3 billones de pesos provendrían de traer la implementación de la regla fiscal del 2026 al 2025 y los restantes se obtendrían a través de nuevos impuestos. El mayor recaudo sería gracias al IVA que pagarían las plataformas de juegos de suerte y azar en línea, un negocio que según el Gobierno ha pasado de facturar 16 billones de pesos en 2022 a 36 en 2023 y podría cerrar este año en cerca de 45.

También se busca elevar la tarifa al carbono, se contemplan cambios en el impuesto al patrimonio y en la tarifa máxima nominal de renta para las personas naturales que pasarían del 39 al 41 por ciento, entre otros.

Además de ello, la reforma plantea una serie de incentivos tributarios como el de bajar de manera gradual la tarifa de alquiler que pagan hoy en día las empresas del 35 al 30 por ciento y que la de las pequeñas sea de 27 por ciento. Sin embargo, las petroleras y mineras quedarían excluidas de este beneficio.

¿Sería suficiente una tributaria?

Sin embargo, para algunos analistas la tributaria no solucionará los riesgos de financiamiento del próximo año. Por ejemplo, para el director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el faltante del próximo año llegaría a 36,6 billones de pesos, producto de los 12 billones de la reforma, de un recaudo menor de la Dian de 9 billones y de 14,6 billones de ingresos adicionales que se incorporan pero que no tienen sustento.

También César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, para el 2025 se requerirían cerca de 40 billones de pesos debido a unos ingresos sobreestimados, expectativas optimistas en el recaudo y la incertidumbre de la reforma. “A pesar del recorte de esta semana, aún quedan por ajustar unos 20 billones de pesos, probablemente se hará mediante la subejecución del presupuesto del Gobierno. Los recortes y aplazamientos han acumulado presiones, complicando aún más los ajustes requeridos para el 2025”, señaló.

Además del recaudo de la Dian, otra de las preocupaciones que deberá hacer frente a Guevara será la baja caja que tiene el Gobierno y que está limitando su capacidad para reaccionar ante posibles choques externos o contingencias fiscales. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda, aseguró hace unos días que el saldo disponible de la Tesorería era de tan solo 19,1 billones de pesos con corte al 31 de octubre frente al promedio histórico de 33 billones de pesos.

Adicional a ello, está la preocupación por la lenta ejecución presupuestal pues a menos de un mes de que se termine el año todavía hay por usar 150 billones de pesoslo que corresponde al 30 por ciento de la asignación total de recursos. Deportes, Presidencia y las entidades adscritas al sector de Agricultura son los más colgados.

Ley de competencias en un año

Otro de los retos por delante será sacar adelante una ley de competencias que quedó supeditada a la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones (SGP), la cual aumentará de manera gradual los ingresos que el Gobierno Central le gira año a año a las regiones del actual 23,8 por ciento a un 39,5 por ciento en un período de 12 años.

Junto con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, Guevara tendrá que elaborar en un año una ley para darles nuevas obligaciones a los entes territoriales y eliminar así las entidades duplicadas.

Tras la aprobación del proyecto, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo dijo esta situación generará “serios” riesgos fiscales, tal como ya se han venido advertido. “Se siguió una lógica incorrecta: deben haber definido primero las competencias de los gobiernos regionales y del nacional, y los costos de unas y otras, no primero los recursos. Se debe fomentar la descentralización, tal como lo señaló la Constitución de 1991, pero de manera lógica y sin generar importantes riesgos fiscales”, opinó.

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